Publicado en Público el 15 de julio de 2013
La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.
A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.
A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.
¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!
Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.
Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.
El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.
Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad.