Que no nos roben más

PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO

Y POR UNA BANCA PÚBLICA

No a la privatización de las cajas y bancos nacionalizados

Deben ser la primera pieza de una banca pública, gestionada en beneficio de todos, de forma democrática y transparente.

Hay que decirlo alto y fuerte: La privatización de las entidades bancarias nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa) es lisa y llanamente un robo. Llamamos a todas las entidades sindicales, sociales y políticas de la izquierda a movilizarse con todos los medios a su alcance para denunciarlo y exigir la creación de una banca pública. Para evitar su quiebra, el Estado ya ha puesto 112.513 millones de euros en ayudas de todo tipo (43.529 millones de euros en capital, 34.733 millones de euros en adquisición de activos y 34.251 millones de euros en avales a emisiones de deuda). A eso hay que añadir los préstamos que estas entidades han contraído con el Banco Central Europeo (98.972 millones de euros) del que el Estado es último garante.

Ahora pretenden vender Catalunya Caixa y Novagalicia Banco ¿Qué esperan sacar por ellas? El Santander ofreció quedarse con Catalunya Caixa por un euro, a cambio de que el Estado pusiera entre 2.000 y 3.000 millones de euros más de capital, y se quedase con los 3.000 millones en créditos de baja calidad de la entidad: unos 5.000 ó 6.000 millones más públicos que se sumarían a los ya aportados.

No es la primera vez que lo hacen. Un euro pagaron el Sabadell, BBVA y Caixa por la CAM, Banco Gallego, UNNIM y Banco de Valencia. Todas estas entidades fueron entregadas después de ser saneadas con dinero y garantías públicas contra futuras pérdidas.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha declarado que espera lograr 900 millones de euros. Como vemos, en cualquier caso no se resarcirá al Estado por dinero invertido y será un regalo a la entidad financiera privada que lo compre, la cual aumentará el volumen de depósitos que controlará y ampliará su capital, mejorando su propia situación financiera sin arriesgar nada.

En resumen, las entidades nacionalizadas, una vez saneadas con dinero público, se regalan a los bancos privados para ayudarles a sanear sus propias cuentas. Todo el sistema financiero estaría en quiebra si no fuera por las ayudas públicas, que a finales de 2012 alcanzaron los 269.609 millones de euros, a las que hay que sumar préstamos del BCE por 371.140 millones de euros. El sistema bancario español ha precisado en total de 640.749 millones de ayudas públicas sin que haya resuelto su problema de solvencia.

¿QUIÉN GARANTIZA LOS AHORROS DE LOS CIUDADANOS?

El ministro de Economía del Estado español, Luis de Guindos, ha sostenido en numerosas declaraciones realizadas de manera previa a la cumbre del ECOFIN que los depósitos de particulares y pequeñas y medianas empresas superiores a 100.000 euros estaban garantizados hasta este momento y estarán "absolutamente protegidos" en caso de quiebra de una entidad en la nueva directiva sobre resolución de crisis bancarias. Los depósitos de menos de 100.000 euros, ha subrayado Guindos, son "sacrosantos", y "los de más 100.000 euros en manos de pymes y también detentados por particulares también están absolutamente protegidos". "Eso nadie lo cuestiona", ha asegurado.

La nueva directiva desarrolla el esquema que adoptarán los rescates de los bancos a partir de 2018, siempre y cuando esta hoja de ruta sea consensuada con el Parlamento Europeo al que todavía no ha llegado la discusión. El objetivo declarado por los ministros de Economía de los países de la Unión Europea es que la apelación a los fondos públicos para salvamentos futuros sea el último de los recursos utilizados.  Por un lado se pretende minimizar el quebranto para las arcas públicas de los diferentes Estados y del conjunto de la Unión Europea han tenido los rescates bancarios y por otro lado se busca evitar la huida masiva de ahorradores blindando sus depósitos de posibles quitas si se producen más debacles de entidades financieras. La protección a los depositantes sigue estando encomendada a los Fondos de Garantía de Depósitos establecidos en cada uno de los Estados de la Unión Europea. Además se establece una serie de inversores privilegiados que quedan excluidos de toda quita (bonos garantizados como cédulas hipotecarias, deudas con empleados en concepto de salarios y pensiones, deudas comerciales de bienes y servicios críticos para el funcionamiento de la institución, deudas con sistemas de pagos con vencimiento inferior a siete días y deudas del mercado interbancario con vencimiento inicial inferior a siete días).

Una vez más, los dirigentes políticos europeos no han abordado el corazón del problema. Las entidades bancarias están muy poco capitalizadas, es decir, su financiación está basada básicamente en recursos de terceros y no de sus accionistas y esta financiación tiene unos costes reducidos para las mismas porque existe la confianza por parte de depositantes e inversores de que los Estados impedirán la quiebra de las entidades bancarias cuando sufran problemas graves como los actuales.