Poco ha trascendido, a mi juicio, una noticia tan importante como la referida al permiso otorgado a las empresas petrolíferas por el Gobierno de Ecuador para iniciar actividad extractiva en el Parque Nacional Yasuní.
En el año 2007 el Gobierno de Ecuador inició un programa llamado Yasuní ITT en el que “se comprometía “a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta”. El Gobierno pedía “a cambio una contribución internacional equivalente al menos a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en caso de explotar el petróleo de este bloque en la Amazonia”, según exponían en la web oficial. Concretamente, Ecuador pedía a la comunidad internacional un total de 3.600 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) a cambio de no explotar unos recursos naturales cuya comercialización les reportaría unos 7.200 millones de dólares.
Es decir, un país situado en la posición 89 en el ranking de Desarrollo Humano de la ONU, y etiquetado como de “desarrollo humano medio”, estaba dispuesto a renunciar a importantes rentabilidades económicas con tal de mantener un espacio natural del que, por razones obvias, se benefician todos los países del mundo.
